Per José María Adán García
La conciencia institucional del Consejo de Cultura de la Comunidad Valenciana, como parte del Gobierno de la Generalitat, cuya composición refleja democráticamente la voluntad soberana del pueblo valenciano, es el fundamento esencial de su gestión.
Su misión en esta trascendental materia no es lograr el consenso entre fuerzas minoritarias sin representación popular, al margen de la voluntad mayoritaria del pueblo, si no plasmar en una normativa esa voluntad mayoritaria. El resultado de su gestión no debe ir dirigido a que den la conformidad con sus resultados determinados dirigentes sectarios de uno u otro signo, ni siquiera instituciones en mayor o menor grado ocupadas por minorías dogmáticas, para lograr una pacificación aparente, basada en la imposición y en el silencio –por incapacidad de expresarse – de la mayoría. Por el contrario, su resultado, si quiere ser coherente con la representación institucional que como parte de la Generalitat le corresponde, debiera ser tal que, si se sometiese a referéndum, con libertad de defensa de las posiciones diversas y preguntas no condicionantes de las respuestas, como corresponde a un sistema democrático, fuera refrendado por enorme mayoría.
Es misión de la Generalitat y por lo tanto del Consejo de Cultura en ella integrado, de acuerdo con las funciones que le otorga la Constitución y el Estatuto autonómico, la regulación y la promoción de la lengua propia, es decir, de la lengua valenciana. Nunca inventarse una lengua –con la excusa del consenso- con aquellos que bajo fórmulas expansionistas o tendenciosamente normalizadoras pretenden el objetivo imperialista de la unitat de la llengua, como base de la sucesiva imposición de los “paises catalanes”. Esto sería no un consenso, sino una tapadera para violentar la identidad, la historia y la realidad de la natural y secular convivencia de la sociedad valenciana. Somos conscientes de que en esa dirección existen presiones y pactos condicionantes, que es una exigencia moral superar.
La misión que por su propia naturaleza, por imperativo constitucional y estatutario y por voluntad mayoritaria del pueblo valenciano –es decir, por tres razones esenciales- corresponde a la Generalitat y, por lo tanto, al Consejo de Cultura, es la regulación, defensa y promoción de la lengua propia, como ha dicho reiteradamente nuestro Presidente, promover nuestros propios hechos diferenciales, nuestra personalidad, nunca lo contrario.
Cierto es que como decía Manuel Tarancón recientemente, la lengua es un organismo vivo, que requiere una adaptación permanente de su normativa, especialmente ortográfica, porque la fonética la impone el uso popular.
Toda lengua para proyectarse sobre la realidad necesita una gramática, un diccionario. Así lo entendió la lengua castellana con la gramática de Nebrija, que se convirtió en la gramática de la hispanidad y la permanente labor de la Real Academia de la Lengua Española.
Iniciar este cambio de forma que no responda al consenso de unos pocos, sino a la naturaleza institucional y democrática del Gobierno autonómico, al mandato institucional y estatutario, y sobre todo a la voluntad soberana y mayoritaria del pueblo valenciano, es la prometedora misión del Consejo de Cultura.
En el camino que inicia y que todos los valencianos esperamos con esperanza, hay como en toda navegación sobre mares profundos cantos de sirena fáciles y halagadores, que como ocurre desde Ulises a nuestros días puede desviar el rumbo marcado, creando importantes espejismos o logros aparentes. Sería un error creer que porque una cátedra o un grupo minoritario o una institución ajena a la participación democrática del pueblo, o ajena a la Comunidad Valenciana, nos den sus plácemes, hemos avanzado en el camino del consenso. Es fácil envanecerse por algún aparente éxito que seguramente conduce a la negación de los objetivos institucionales, constitucionales, estatutarios y democráticamente compartidos y que nunca serían generalmente aceptados en un referéndum.
Existe un punto de partida, en el que hubo un inicial consenso, como son las normas primeras, firmadas por el Padre Fullana en Castellón. Partamos de ahí y sin perder de vista los objetivos de promover nuestra propia identidad y caracteres diferenciales, sobre la base de la realidad sociolingüística de nuestra Comunidad. Elaboremos una normativa que de una vez saque del campo de la confrontación política el tema idiomático.
No nos ilusionemos, sin embargo, pensando que el consenso va a ser absoluto, pues quienes utilizan este tema como excusa del pancatalanismo político no cejarán en ningún caso en su propósito. Pero entonces deben quedar ya legal y sociológicamente al descubierto y sin base alguna.
En ese camino deseamos al Consejo los mayores aciertos y al mismo tiempo –por la trascendencia y lo esencial a nuestra identidad de valencianos que su tarea supone- su trayectoria la tendremos que juzgar con el máximo rigor y exigencia. Con las cosas del alma de un pueblo no se juega.
Publicado en el ABC en 1997