La honorabilidad de Camps y lo patético de Pla

Per Baltasar Bueno

Quedó patético y descarado Joan Ignasi Pla, ex secretario general del PSPV-PSOE y actual diputado autonómico, al afirmar en Tele 7 que la concesión de licencias de televisión TDT hechas por el Consell, a través de su brazo ejecutor Esteban González Pons, se había hecho de acuerdo a ley, sin reproche alguno. Lo dijo en un debate nocturno moderado por Vicente Climent.

Patético, porque tanto Pla y su partido, como muchos que han seguido de cerca la historia de las televisiones locales en la Comunidad Valenciana saben que, al menos, inmoralidad, desvergonzada inmoralidad, y partidismo hubo en el trapicheo de las televisiones, sin que la oposición se hubiera molestado en hacerle frente al miura.

Que la concesión fue, además, una ilegalidad puede que lo sepamos cuando la Justicia – Sección 3ª de lo Contencioso Administrativo TSJ Valencia- resuelva el contencioso –Sus Señorías llevan 4 años deshojando la margarita- planteado por la Federación Valenciana de Televisión y empresas participantes en el concurso. Es de desear que después de tanto tiempo atinen de acuerdo a Derecho y deforma independiente, sin escuchar fantasiosos cantos de sirenas.

Lo dramático de Pla, en la noche que Tele 7 lo sacó, después de mucho tiempo, en antena, es que lo afirmó el mismo día en que, tímidamente, su compañero de partido y sucesor en la portavocía parlamentaria, Angel Luna, se atrevió, a insinuar que en las concesiones de TDT a José Luís Ulibarri había un proceder en cuanto menos sospechoso, problema que Camps, dijo, tiene como pesada carga sobre sus espaldas.

Yo fui director de una televisión local, - la popular Canal 13 RTV, hoy Televisión Municipal de Valencia, cuyo 80 por ciento, me dicen, es de José Luís Ulibarri- la monté comenzando desde cero con albañiles y técnicos, y la llevé durante tres años, a las órdenes de un prestigioso empresario valenciano y enamorado de los medios de comunicación, Rosendo Galindo.

En aquella época conocí de cerca a otros propietarios, empresarios románticos e idealistas de la comunicación, que se dejaron a jirones la piel, la fortuna y las ilusiones en sus respectivos medios, empeñosos en hacer unas verdaderas televisiones de proximidad, al servicio del pueblo y de los pueblos. Todos funcionaban alegalmente, amparados en la ausencia de ley que les regulara y esperaban la Ley que les permitiera legalizar tantos años de ilusión, trabajo y ejercicio real de la comunicación. Además, todos ellos eran valencianos, de esta autonomía, y ejercían de valencianos.

Fui testigo de cómo, de repente, meses antes de que el Consell concediera las licencias, aterrizaron por la Comunidad Valenciana nombres y apellidos, procedentes de de otra autonomía, Castilla-León, y comenzaron sorprendentemente a sondear, negociar, advertir, prometer, comprar y a adueñarse de unas empresitas nacidas más por idealismo que por el ánimo de lucro. Como había promesas y seguridades de que si ellos estaban por en medio habría licencia y todos desesperadamente querían licencias para legalizar lo que tenían como alegal, no se reconocían ilegales, fueron tragando y aceptando las condiciones.

Estas cosas que les cuento son de sobras sabidas por el principal partido de la oposición, que sigue sin desperezarse, en este asunto, como en muchos otros, cuando no niegan la evidencia como hizo Pla en Tele 7, como si temieran al PP, como si no quisieran complicarse la vida, o no pudiesen abrir la boca por cualquier otro motivo.

La oposición que está para batirse el cobre con la posición, dejó solos a los afectados ante el problema. Por ello, hay que aplaudir la valentía que ha tenido el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, y las empresas asociadas, al plantear recurso ante la Audiencia contra lo que entienden fue una arbitrariedad e ilegalidad del Consell de Camps, y también por haber hecho público a través de la potente plataforma de Levante-EMV, que uno de los implicados en la trama que hoy investiga Garzón, José Luís Ulibarri, dijo en aquellos aciagos tiempos para aquellas empresitas y el futuro de la libertad de información y expresión, que el Consell iba a darle 13 licencias de TDT y que “quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a aquedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas”.

Dicho y hecho. Bastante de eso parece que ha debido ocurrir. Los que vendieron participaciones y acciones de sus empresas a los nuevos socios hoy se han quedado en la calle o en una posición minúscula, ridícula, dentro de las nuevas sociedades nacidas de la fusión o refundición, y en las que predominan nombres y apellidos, o testaferros suyos, cuya pista sigue Garzón desde hace dos años por un conglomerado de asuntos variopintos perfectamente trabados entre sí y con elementos del PP.

Garzón lo tiene fácil, si es que le da por instruir bien el sumario en esta ocasión, o el PP no logra sustraer la investigación, para que caiga en manos y jurisdicciones que agraden más al partido.

Es de suponer que Garzón, tras las declaraciones de Alejandro Rodríguez, tendrá que llamar a Esteban González Pons, para que le explique ese amontonamiento de TDT en manos de un señor de Valladolid; llamará a presencia a Rodríguez para que se explique con detalle lo que sabe de Ulibarri y las TDT; solicitará información sobre lo actuado en el TSJ en torno al recurso de la Federación; preguntará a los antiguos propietarios de las televisiones qué ocurrió en aquellas negociaciones; y querrá averiguar si algún partido pretendía crear una malla de televisiones locales para que en el caso de perder las elecciones, y con ello Canal 9, contra con una tupida red de televisiones locales repartidas por la geografía valenciana entregadísima a sus pies; así como que estará interesado en saber de dónde han salido los dineros para tantas televisiones.

Esperanza Aguirre cesó fulminantemente a un consejero que guardaba cierta relación con los nominados a los últimos Oscars de Garzón. Camps, tan amigo de Esperanza, en este caso no ha emulado a su colega. Se ha enrocado, como ya lo hizo con el accidente del Metro que dejó 43 muertos. Dice Camps que las concesiones fueron “limpias e inmaculadas” y se hace el ofendido porque en los medios de comunicación de toda España se dice que se está poniendo en duda su honorabilidad y la del Partido.

La honorabilidad y la dignidad, señor Presidente, hubiera sido no tratar con mercaderes, algunos ya encarcelados o imputados. Unos señores con los que ustedes tenían tanta confianza y relación que hasta iban a sus bodas y bautizos. Que se sepa, el común de los mortales solo va a las bodas y bautizos de los familiares o muy íntimos, de muchísima relación y confianza.

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