Nada más conocer la sentencia de Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, Serafín Castellano, conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, anunció que usaría la ´Cláusula Camps´ (que figura en la disposición segunda de nuestro Estatut), para asumir todos aquellos privilegios y competencias que incorpore Cataluña, para que nuestra Comunitat no se vea «discriminada».

 

No habían pasado ni 24 horas cuando la entonces portavoz del Consell y titular de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, le enmendó la plana a su colega, manifestando que la sentencia del TC no es más que un ajuste a la Constitución y que Cataluña "no ha asumido más competencias que las que tenemos en la Comunitat u otras comunidades autónomas». ¡Por favor, que le pasen un borrador urgentemente! Es más, la portavoz aclaraba que «no ha habido una asunción de competencias por encima de las que tenemos asumidas el resto de autonomías». Usted perdone, o nos toma por tontos a los valencianos (estoy convencido de ello) o no sabe leer (lo que sería muy lamentable), o lo que es peor, la disposición de la que tanto se vanagloriaron en su día, simplemente era un brindis al sol (como así creíamos, y así parece).

 

Estas declaraciones de uno de los máximos representantes del gobierno valenciano contravienen el fundamento de la propia ´cláusula´, ya que ésta pretendía incorporar cualquier mejora que se aprobara en el resto de los estatutos. Por otra parte, la perplejidad que nos producen las manifestaciones de Sánchez de León cobran sentido cuando la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lanza una contundente advertencia al Consell para que no active la cláusula, y niega que su partido (el PP) piense hacer uso de la misma para que la Generalitat Valenciana amplíe sus competencias a raíz de la sentencia del TC.

 

La debilidad de Camps en el panorama nacional es patente, clara y manifiesta. La pérdida y desvalencianización de Bancaja (antes Bancaixa) y la CAM, motores de la sociedad económica valenciana, dan muestra de ello. Pero que nuestro President no sepa defender ante la central de su partido en Madrid, que la competencia de nuestro Estatut obedece exclusivamente a la voluntad de los valencianos y no a los intereses coyunturales de los partidos, incluido el suyo, es alarmante. El 9 de octubre de 2005, denunciábamos en estas mismas páginas que la reforma de nuestra Carta Magna se había hecho en clave antivalenciana. Argumentábamos que se había redactado más atendiendo a los intereses políticos de Madrid y a crear una hoja de ruta para los demás que a atender las demandas básicas de los valencianos.

 

«Este tipo de Estatuto es el mío» (Rajoy, en su visita a Crevillente, LP, 17/9/05); «Coincide con los postulados de Rajoy» (Castellano, LP, 21/9/05).

 

En definitiva, y como evidenciábamos, un Estatuto pensado, exclusivamente, para salvaguardar la primera estrofa de nuestro himno regional, como justificó Trillo en su intervención al asegurar que se había redactado en "lealtad" al Estado.

 

Sobre los contenidos de la sentencia, no entraré a analizar el tema del término ´nación´ del preámbulo del Estatut catalán, ya que me parece a todas luces legal, como lo recoge la misma Constitución (responsabilidades a quien le toque, por más que desde Madrid orquesten las vuvuzelas) y así lo argumentamos en LP, 18/06/06, pero sí de aquellas que se han considerado constitucionales y no consideramos convenientes incluir en nuestra reforma, y hoy ya nos pasa una factura escandalosa.

 

En nuestro Estatuto no se quiso incluir nada referido a la financiación, por ejemplo, a las inversiones estructurales pendientes, como incluyó y aprobó el estatuto de Andalucía, vinculada al peso de la población. En cuanto al catalán nos encontramos que el Constitucional ha tumbado determinadas exigencias de Cataluña sobre la financiación autonómica, pero ha salvado la cláusula que blinda para Cataluña un cupo en la inversión territorializado del Estado equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de España. ¿Seguro Sr. Camps que no es el momento de corregir el error?

 

El PP valenciano, en buena lógica, siempre ha creído que es el Estado y no las comunidades las que deben decidir sobre el reparto de los recursos hídricos. Esto estaría muy bien si el resto de autonomías pensasen lo mismo, cosa que no ocurre. El TC ha validado los artículos recurridos sobre la cuestión hídrica, en concreto, aquellos que hacían referencia al informe preceptivo de la Generalitat de Cataluña para cualquier propuesta de trasvase, así como participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña. Es decir, blindar el Ebro. A todo esto, aún está pendiente el de Aragón. ¿Seguro Sr. Camps que no es el momento de corregir el error?

 

El politizado y manoseado TC ha considerado constitucional la disposición adicional XIII del Estatuto de Cataluña sobre el Archivo de la Corona de Aragón, por lo que permite al Ejecutivo catalán «apropiarse» de los fondos comunes del Archivo de la Corona. Falta debatir el recurso de Aragón.

 

Es decir, muchas son las cosas que por lealtades inconfesables no se incluyeron en la reforma de nuestra Carta Magna. Por el contrario, se cometió uno de los mayores atropellos que se le ha dispensado a nuestro pueblo, la inclusión en la misma de la mercantil AVL, una entidad nacida con el claro propósito de unificar la lengua valenciana con el catalán. Ahora, con el fallo del TC que determina que el catalán no puede ser la lengua «preferente» de las administraciones públicas y de los medios de comunicación, aunque (parece ser) no le resta las competencias en materia lingüística que afectan a otros territorios (caso de Valencia), nos van a catalanizar más si cabe con la connivencia de este ente. ¡Gracias Sr. Camps por conseguir la inexistente "paz social" a costa de entregar nuestro legado histórico a los catalanistas!

 

Si de verdad Camps quiere ejercer como President de los valencianos ahora tiene la ocasión. Haga valer su famosa "cláusula", independientemente del parecer o conveniencia de su partido en Madrid, y actúe con la responsabilidad que le otorgaron sus ciudadanos. Esta muy bien ser leales con el Estado, pero, ¿no le parece que el Estado también lo tiene que ser con los valencianos? Y, por cierto, disuelva la AVL y nos ahorraremos un pastón. Para lo que hacen, promover el catalán, ya está el Institut d´Estudis Catalans (IEC).