Per Joaquín Serrano Yuste
El artículo 44 p. 3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General dice: “en todo caso los partidos políticos, las federaciones o coaliciones de partidos y las agrupaciones de electores no podrán presentar candidaturas que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal, disuelto o suspendido” en el mismo sentido el artículo 5.6 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.
El Tribunal Supremo considera probado que Bildu “se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas”, por lo que no acepta la presentación de sus candidaturas.
Pero llegó el Tribunal Constitucional y la prueba que al Supremo le vale, a éste no, para ellos no tienen suficiente entidad. Unos ¿jueces? designados no por sus compañeros, ni por méritos, ni por pautas judiciales establecidas, sino por los partidos políticos, con lo que la división de poderes se va a la porra, y los partidos mandan en última instancia, así los magistrados designados por el PSOE aceptan que un grupo de proetarras se presente a las elecciones. Con ello aseguran-ceden al apoyo-chantaje del PNV. Los pseudo-terroristas entran en las instituciones, tienen acceso libre al censo para que sepan los datos de todo el mundo, y dinero, mucho dinero, que es el nuestro, para que puedan seguir matando impunemente, a lo sumo con la marea que produzca la negociación del momento. Qué pena de justicia politizada, qué rabia por las pobres víctimas del terrorismo, de esta gentuza y qué tristeza para España, que a la crisis económica añade una crisis moral y judicial.