El estatuto catalán y Valencia

Tengo la sensación de que muchos valencianos piensan en el estatuto catalán, como algo lejano e inocuo, que no nos afecta. Sin embargo, nos atropella, queramos o no, doblemente como españoles y como valencianos.

El capdalos riu Ebre al seu pas per Saragossa.
Zapatero està satisfet de lo contents que
estan els catalans per tal de que no s´aprofite
en Valencia. Redaccio.

Como españoles porque: Rompe la unidad de España poniendo los cimientos para la creación inmediata de un estado catalán independiente. Parcela la soberanía del pueblo español que corresponde a su conjunto y no a ninguna de sus partes. Reconoce derechos históricos que nunca han existido. Diversifica contradictoriamente y hasta niveles ridículos la proyección nacional en el mundo. Enfrenta a los diferentes pueblos de España borrando dos mil años de historia compartida. Anula el “consenso” logrado con tanto esfuerzo, generosidad y altura de miras, entre los “reformistas azules”, del propio régimen y la oposición; sobre el que hemos construido el nuevo Estado social, democrático y de derecho. Ahora está en riesgo de ser sustituido por el enfrentamiento y la acritud (trasvases, inversiones politizadas, intentos de absorción de Valencia y de Navarra, chantajes separatistas, OPAS forzadas a favor de los socios.....)

Todo ello son motivos por sí mismos más que suficientes para que nos sintamos agredidos en nuestra propia esencia y profundamente afectados por el estatuto catalán.

Como valencianos, también se derivan del texto estatutario, directas y profundas razones, que justifican nuestra oposición.

El estatuto rompe la igualdad y la solidaridad entre los catalanes y el resto de los pueblos de España y muy particularmente respecto a los habitantes de nuestro antiguo Reino.

El desijat AVE es molt rapit. El govern
central l´ha convertit en el tren mes lent
a tenor de la velocitat en que s´implante
en el Regne de Valencia. Foto internet,
de "Les pagines del TGV". Redaccio.

La base de la justicia y de la pacífica convivencia está en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes, independientemente del lugar de su residencia. El estatuto catalán contraviene este principio esencial de la justicia conmutativa y distributiva, desde el momento en que otorga a los catalanes unos derechos distintos de los que se declaran en la Constitución española para todos los españoles; desde el momento en que se le privilegia respecto a los demás en las inversiones del Estado, los ingresos impositivos y de forma significativa de tasas diversas, las competencias de sus órganos de gobierno, las prestaciones sociales..... Muy pronto habrá en España ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera. Diferencias que se irán haciendo más insoportables, en fechas próximas de forma progresiva y cuyas consecuencias es difícil prever.

Más concretamente, el estatuto está afectando ya a la Comunidad Valenciana. La primera consecuencia es la irracional, insolidaria y contraria al interés nacional; derogación del trasvase del Ebro –imposición del tripartito en el proceso de negociación– que se pretende sustituir por la burla de las desaladoras ofrecidas como única alternativa a unas zonas sedientas.

Lo son también el incomprensible, antieconómico y discriminatorio retraso del AVE, Valencia-Madrid, mientras se aceleran las conexiones de Barcelona con Aragón y con el Sur; el trazado por el interior del transporte de mercancías hacia Europa mientras se posterga el corredor Mediterráneo; el retraso de la autopista Valencia-Lisboa que vertebraría a España y convertiría a Valencia en el puerto del Atlántico en el Mediterráneo, mientras se regatea la ampliación, los accesos y las conexiones de nuestros puertos y aeropuertos; la lentitud desesperante de la autovía Sagunto-Somport; la falta de inversiones del Estado en la Copa de América tan distintas de las de la Exposición Universal de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona.....; los ataques, olvidos, e incluso ilegalidades anticonstitucionales y antiestatutarias, respecto a nuestra identidad histórica y cultural, y de forma principal a nuestro idioma propio, morfológica, sintáctica, fonética e históricamente diferenciado (exigencia catalana que subvenciona con miles de millones la proyección del catalán en nuestra comunidad en un intento de absorción, cuyo propósito reitera en el texto estatutario); el constante envío de inmigrantes ilegales sin ninguna cobertura económica a nuestra región..... Todo ello procede de la misma causa y es asombroso que un pueblo capaz de gestos como el de Sagunto, las Germanías, o el Palleter..... seamos capaces de tanta paciencia o de tanto meninfotismo. ¡Qué casualidad, es muy parecido a lo que ocurre con Navarra, respecto a las provincias Vascongadas!

Estos son los hechos ya en curso, pero las intenciones que se derivan del texto del estatuto catalán, los confirman.

Es inadmisible y, sin duda, anticonstitucional, que en el mismo se establezca el principio de la eficacia extraterritorial de las normas que emanan del gobierno catalán. Naturalmente la comunidad más afectada por esa extraterritorialidad es Valencia.

Da por hecho que “compartimos el mismo patrimonio lingüístico”, negando así nuestra lengua propia. Prevé incluso la posibilidad de suscribir convenios con el Estado, es decir al margen de las comunidades afectadas, para la difusión del catalán. El mismo criterio se establece con las posibilidad de crear convenios con las comunidades con pretendidos vínculos históricos, culturales o lingüísticos, (que Valencia tiene con todas las regiones de España y nunca son unidireccionales sino bidireccionales), o bien DIRECTAMENTE CON EL ESTADO, para la colaboración en todos los ámbitos, o incluso para la creación de ORGANISMOS COMUNES –lo mismo que están intentando en Navarra por la fuerza–. La dirección de esa presunta colaboración es previsible. Basta ver la negativa a devolver a Aragón el arte sacro de “La Franja” –¿Cuántas franjas de signo distinto hay en Tarragona o en Lérida? ¿hablamos del Tortosi, o del Leridano? –; o el “Llibre del Repartiment” a Valencia; o la desvertebración del Archivo de la Corona de Aragón; o las campañas y presiones para que no se admita el idioma valenciano en los órganos legislativos, en la biblioteca nacional, o a niveles europeos; o las campañas mediáticas diciendo que nuestros autores del siglo de oro, o incluso nuestra paella, son catalanas; o el trato fascista que se da a los castellano hablantes en Cataluña.....

El estatuto catalán establece:

La intervención PRECEPTIVA en cualquier propuesta de trasvase de Cuencas que implique modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial. Es decir, lo que estamos viviendo angustiosamente: ¡Para Valencia ni una gota de agua!.

El control de la producción y el transporte de la energía que supere el territorio de Cataluña, aunque su aprovechamiento esté fuera.

El régimen de tributación y control, incluso de los fondos sociales, se regulará por el Consell respecto a la empresas cuyos domicilios legales estén en Cataluña, aunque su actividad o sus sucursales estén ubicadas fuera de su territorio, especialmente Bancos, Cajas de Ahorro, grandes empresas. De ahí la OPA de Gas Natural-La Caixa, a Endesa y el compromiso del gobierno con el tripartito de que la mayor parte de la energía de España tribute y se controle en Barcelona. Quizás debiera dictar la Comunidad Valenciana una disposición por la que la tributación y el control de los fondos sociales, se hará no en razón del lugar del domicilio legal , sino del que se efectúen las actividades o se localicen las instalaciones o sucursales. Las que lo hagan en Valencia, en Valencia.

En el tráfico ferroviario, marítimo, por carretera, e incluso en el financiero y mercantil, las competencias de la Generalitat son prevalentes, de tal manera que pueden condicionar su “conectividad” o su “régimen y control”. Ello, como han denunciado con grave preocupación, las asociaciones de empresarios, rompe la unidad de mercado, lo que va contra corriente de la globalización, del mercado común europeo, y puede causar graves perjuicios a la economía nacional, como a la misma Cataluña.

Las diferencias de competencias respecto del Estado y de las demás autonomías, crean –como es lógico– diferentes expectativas de desarrollo, de proyección exterior (Cataluña puede crear delegaciones en el ámbito internacional y promover la cooperación con regiones europeas que compartan intereses económicos). Se refuerza así la promoción de los “paissos catalans”. Si esto fuera permitido a todas las comunidades –que están en su derecho– el desbarajuste de dieciséis representaciones distintas de un solo país es evidente. Si no lo fuera crea nuevas y profundas diferencias.

En el orden interior también las competencias exclusivas y ejecutivas, como las funciones predominantes otorgadas en las calificadas como compartidas, en aspectos de interés general para el conjunto de la Nación, están creando profundas diferencias y van a repercutir negativamente en otras regiones y en especial –por su proximidad– sobre Valencia. Pensemos en la validez de títulos profesionales o universitarios, permisos administrativos, documentos notariales y registrales no sometidos al régimen general; en el control unilateral de la inmigración ilegal que se desvía hacia el resto de España.....

El principio de “bilateralidad”, es decir de tener que negociar de igual a igual, todas las actuaciones del Estado en Cataluña, incluso las escasas que aún se consideran exclusivas del Estado, crea de por sí una radical diferencia de trato. De otorgarse ese mismo nivel de bilateralidad a todos, se produce un Estado inoperante, que tiene que negociar con 16 comisiones “paritarias” su propia acción de Gobierno.

Donde se alcanza mayor y más injusta proyección sobre el resto de Comunidades y en particular sobre Valencia, es en los privilegios –siempre odiosos– fiscales (cesión de impuestos y de forma muy importante de ARBITRIOS y TASAS), en las inversiones desproporcionadas y traspasadas de favoritismo y en la aportación de Cataluña a los fondos de compensación territorial.

Tots recordem la facilitat d´obtencio
d´inversions de l´Estat per a la Fira de
Sevilla o l´Olimpiada de Barcelona.
¿Que passarà en la Copa d´America de
Valencia? De moment a soles promeses i
retarts. Redaccio

La igualdad y la solidaridad quedan hechas añicos puesto que queda condicionada en el estatuto, a que la aportación a los fondos de solidaridad del Estado sólo se llevarán a cabo “siempre y cuando las demás comunidades lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar” y a que “no se altere, en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación"; y que sea así aprobado en comisión bilateral.

Aún mayor escándalo produce el tema de las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña, en las que, excluido el fondo de compensación interterritorial –dos de la vela y de la vela dos– “se deberán equiparar a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) del Estado, por un periodo de siete años”. Ello equivale a reconocer –raya el absurdo– que el resto de los españoles hemos de pagar una presunta “deuda histórica” de miles de millones. Es evidente que Cataluña, tanto en el franquismo como en la democracia, ha sido beneficiaria de las mayores inversiones y que su nivel de vida es muy superior a la de otras zonas de la patria común.

¿A dónde quedan los preceptos constitucionales de que, “los españoles son iguales ante la Ley”, si ya hasta las Leyes son distintas; que “el sistema tributario se fundamenta en la igualdad”; que “los estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios económicos o sociales”; que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones”.....?

Resulta un sarcasmo que encima se nos quiera presentar el estatuto catalán como constitucional y beneficioso para Cataluña y para España. A Cataluña la aísla, le quita proyección y mercados, la somete a un intervencionismo fascista, niega a gran parte de su población su identidad y sus derechos y libertades. A España la fragmenta y siembra el enfrentamiento.

Es insólito que un Gobierno que debiera velar por el bien común, y la unidad e integridad de España, promueva estas discriminaciones, con tal de permanecer en el poder.

Creo que la Comunidad Valenciana, por razones nacionales, agravios autonómicos, e intromisiones inadmisibles, tiene los suficientes motivos para impugnar el estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional. Así lo debieran hacer también todos los gobiernos autónomos y todas las entidades ciudadanas. Seguramente no lo harán porque la indigencia moral, la ética del confort y el consumismo, la pérdida de valores patrióticos, la cobardía frente al poder..... se han apoderado de la sociedad española, previa y sistemáticamente anestesiada, asfixiada por el humo de demagogias inoperantes, sólo válidas para arañar el voto de los extremismos marginales. Luego vendrán las lamentaciones, y las generaciones futuras y la historia, nos acusarán de traición.

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